La incongruencia es el punto de mayor debilidad de los muchos que exhibe la personalidad de Fernando Lugo. El 14 de octubre del año pasado, presentó personalmente al Congreso un proyecto de concesión de aeropuertos al sector privado, solicitando se le diera tratamiento de urgencia. Los sindicalistas del ramo se movilizaron inmediatamente para sabotear la iniciativa. Con tratamiento de urgencia y todo, senadores y diputados demoraron un año en estudiar y aprobar el proyecto. Cualquiera que pensara que Lugo se apresuraría a promulgar la ley para su vigencia inmediata se llevó un chasco: encomendó de nuevo a sus colaboradores un análisis a fondo para revisar todo lo que afecta a la parte laboral.
La incongruencia
es el punto de mayor debilidad de los muchos que exhibe la personalidad
de Fernando Lugo. Desde antes de postularse al cargo que hoy ejerce, ya
se hizo conocer por sus vacilaciones y sus silencios dubitativos. Es
difícil para él tomar decisiones, asumir responsabilidades, y lo
demuestra diariamente; pero es peor aun cuando las toma y luego da
marcha atrás, reconsiderando, arrepintiéndose o cambiando súbitamente de
opinión, dejándose convencer por cualquiera.
Ahora le está tocando el turno al proyecto de tercerización de los servicios aeroportuarios, ya convertido en ley sancionada por el Congreso y que le toca a él promulgar o vetar. Y se dice que va a vetarla porque en ella no se contemplan acabadamente los derechos de los trabajadores. ¿Y cómo? ¿No pensaron en eso al elaborar el proyecto?
Porque lo más sorprendente de este nuevo episodio que el presidente Lugo se dispone a protagonizar es que él mismo, en virtud del Poder Ejecutivo que ejerce, hizo preparar, estudió y respaldó el proyecto de tercerización de servicios aeroportuarios y lo llevó personalmente al Congreso, solicitando se le diera tratamiento de urgencia.
En efecto, el 14 de octubre del año pasado, el propio Fernando Lugo, acompañado de quien a la sazón era su ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre, fue a presentar el proyecto de ley de concesión de aeropuertos al Congreso; hasta tal punto estaba convencido de que la rápida aprobación del mismo era una medida muy necesaria para el país.
Los sindicalistas del aeropuerto Silvio Pettirossi se movilizaron inmediatamente para sabotear la iniciativa. Es que habían olfateado el riesgo de perder sus zoquetes que se cernía sobre ellos. Haciendo causa común, su padrino político y protector, el entonces titular del Congreso, senador González Daher, se ausentó de la Cámara en la ocasión de la visita de Lugo y presentación del mencionado proyecto.
Con tratamiento de urgencia y todo, y discrepando precisamente sobre esa cuestión, senadores y diputados demoraron un año en estudiar y aprobar el proyecto remitido por el Ejecutivo. Cualquiera que pensara que el presidente Lugo se apresuraría a promulgar la ley para su vigencia inmediata se llevó un chasco: según el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Miguel Ángel López Perito, “el Presidente le encomendó al ministro de Obras Públicas propiciar un análisis a fondo con la participación de los ministerios involucrados en la materia, fundamentalmente el Ministerio de Justicia y Trabajo, para revisar todo lo que afecta a la parte laboral, que es una de las críticas que tiene este proyecto de ley”.
¿Y qué critican los sindicalistas? Obviamente, que los aeropuertos donde hoy ellos son administradores, dueños y señores, pasen a la administración de manos privadas. ¿Qué quieren? Naturalmente, que todo siga igual como ahora. Que las pésimas centrales aeronáuticas que tiene el país en operaciones sigan siendo manejadas exclusivamente por ellos y sus padrinos. Que los millonarios privilegiados que esos aeropuertos fabricaron en las últimas décadas no sean descolgados de la teta de la vaca que tantas satisfacciones personales les proporcionó y sigue otorgándoles, de las campañas electorales que financia y de las prebendas que distribuye, particularmente entre los sindicalistas.
Si el presidente Lugo da marcha atrás en este asunto, será una pésima noticia para el país, que veía finalmente alguna posibilidad de solución para la modernización de nuestros obsoletos aeropuertos, que nos hacen pasar vergüenza frente a los visitantes, que nos comparan con cualquier otro de la región y sufren las consecuencias de su desastroso estado.
Pero yendo más allá de esta nueva decepción en ciernes, asusta con particular fuerza el hecho de que los intereses creados de un grupo de sindicalistas políticamente teledirigidos, el populismo de un Gobierno sin norte y el débil carácter y falta de personalidad del Jefe del Ejecutivo resulten lastres tan pesados que anulen las fuerzas que deberían impulsar un sano criterio administrativo en pro de los más altos intereses del país.
A todo el mundo le consta que los aeropuertos del Estado se hallan en una situación calamitosa. También sabe que el Gobierno no dispone de fondos para rehabilitarlos, de modo que la salida al problema se impone por el peso de su propia lógica: solamente resta estimular la inversión privada. El Brasil –por poner un ejemplo cercano–, enfrentado a la misma circunstancia, está recurriendo a esta solución, mientras que otros países del Mercosur ya optaron por la tercerización o la privatización, según el caso, ante la obvia impotencia estatal para encarar obras de tanta envergadura económica y urgencia.
Pero el Paraguay no puede beneficiarse con esta salida, pues el Presidente de la República cambia de idea cada vez que un grupo que representa a sus propios intereses particulares le visita. Sin firmeza de carácter, sin ideas claras, sin percepción de la realidad y sin sentido pragmático, la errática conducta de Lugo no apunta a ninguna dirección.
Si el presidente Lugo veta la ley de concesión de aeropuertos, habrá agregado un peldaño más a la ya larga lista de incoherencias que jalonan su desempeño; con el agravante de que este le costará muy caro al país, que precisa de previsibilidad, infraestructura, modernización e inversiones privadas para impulsar su desarrollo.
Ahora le está tocando el turno al proyecto de tercerización de los servicios aeroportuarios, ya convertido en ley sancionada por el Congreso y que le toca a él promulgar o vetar. Y se dice que va a vetarla porque en ella no se contemplan acabadamente los derechos de los trabajadores. ¿Y cómo? ¿No pensaron en eso al elaborar el proyecto?
Porque lo más sorprendente de este nuevo episodio que el presidente Lugo se dispone a protagonizar es que él mismo, en virtud del Poder Ejecutivo que ejerce, hizo preparar, estudió y respaldó el proyecto de tercerización de servicios aeroportuarios y lo llevó personalmente al Congreso, solicitando se le diera tratamiento de urgencia.
En efecto, el 14 de octubre del año pasado, el propio Fernando Lugo, acompañado de quien a la sazón era su ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre, fue a presentar el proyecto de ley de concesión de aeropuertos al Congreso; hasta tal punto estaba convencido de que la rápida aprobación del mismo era una medida muy necesaria para el país.
Los sindicalistas del aeropuerto Silvio Pettirossi se movilizaron inmediatamente para sabotear la iniciativa. Es que habían olfateado el riesgo de perder sus zoquetes que se cernía sobre ellos. Haciendo causa común, su padrino político y protector, el entonces titular del Congreso, senador González Daher, se ausentó de la Cámara en la ocasión de la visita de Lugo y presentación del mencionado proyecto.
Con tratamiento de urgencia y todo, y discrepando precisamente sobre esa cuestión, senadores y diputados demoraron un año en estudiar y aprobar el proyecto remitido por el Ejecutivo. Cualquiera que pensara que el presidente Lugo se apresuraría a promulgar la ley para su vigencia inmediata se llevó un chasco: según el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Miguel Ángel López Perito, “el Presidente le encomendó al ministro de Obras Públicas propiciar un análisis a fondo con la participación de los ministerios involucrados en la materia, fundamentalmente el Ministerio de Justicia y Trabajo, para revisar todo lo que afecta a la parte laboral, que es una de las críticas que tiene este proyecto de ley”.
¿Y qué critican los sindicalistas? Obviamente, que los aeropuertos donde hoy ellos son administradores, dueños y señores, pasen a la administración de manos privadas. ¿Qué quieren? Naturalmente, que todo siga igual como ahora. Que las pésimas centrales aeronáuticas que tiene el país en operaciones sigan siendo manejadas exclusivamente por ellos y sus padrinos. Que los millonarios privilegiados que esos aeropuertos fabricaron en las últimas décadas no sean descolgados de la teta de la vaca que tantas satisfacciones personales les proporcionó y sigue otorgándoles, de las campañas electorales que financia y de las prebendas que distribuye, particularmente entre los sindicalistas.
Si el presidente Lugo da marcha atrás en este asunto, será una pésima noticia para el país, que veía finalmente alguna posibilidad de solución para la modernización de nuestros obsoletos aeropuertos, que nos hacen pasar vergüenza frente a los visitantes, que nos comparan con cualquier otro de la región y sufren las consecuencias de su desastroso estado.
Pero yendo más allá de esta nueva decepción en ciernes, asusta con particular fuerza el hecho de que los intereses creados de un grupo de sindicalistas políticamente teledirigidos, el populismo de un Gobierno sin norte y el débil carácter y falta de personalidad del Jefe del Ejecutivo resulten lastres tan pesados que anulen las fuerzas que deberían impulsar un sano criterio administrativo en pro de los más altos intereses del país.
A todo el mundo le consta que los aeropuertos del Estado se hallan en una situación calamitosa. También sabe que el Gobierno no dispone de fondos para rehabilitarlos, de modo que la salida al problema se impone por el peso de su propia lógica: solamente resta estimular la inversión privada. El Brasil –por poner un ejemplo cercano–, enfrentado a la misma circunstancia, está recurriendo a esta solución, mientras que otros países del Mercosur ya optaron por la tercerización o la privatización, según el caso, ante la obvia impotencia estatal para encarar obras de tanta envergadura económica y urgencia.
Pero el Paraguay no puede beneficiarse con esta salida, pues el Presidente de la República cambia de idea cada vez que un grupo que representa a sus propios intereses particulares le visita. Sin firmeza de carácter, sin ideas claras, sin percepción de la realidad y sin sentido pragmático, la errática conducta de Lugo no apunta a ninguna dirección.
Si el presidente Lugo veta la ley de concesión de aeropuertos, habrá agregado un peldaño más a la ya larga lista de incoherencias que jalonan su desempeño; con el agravante de que este le costará muy caro al país, que precisa de previsibilidad, infraestructura, modernización e inversiones privadas para impulsar su desarrollo.
Fuente: www.abc.com.py
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